En defensa de la educación pública

La descripción del ataque que vienen sufriendo los servicios públicos de este país en los últimos años y sobre todo en el año que ha acabado se podría resumir en la frase acuñada por los médicos en Madrid: “La sanidad pública no se vende, se defiende”. Esto es aplicable al conjunto de los servicios públicos y en especial a la educación que en sus distintos niveles, no universitaria y universitaria, sufre el acoso del gobierno del PP empeñado en convertir lo público y gratuito en privado y de pago. El insistir en lo dicho por diversos analistas en el sentido de que el capital financiero busca nuevas oportunidades de negocio y sobre todo nuevas formas de negocio en inversiones seguras, sanidad-educación-pensiones, es llover sobre mojado y quien no se ha enterado y sigue creyendo que la crisis es producto de que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” es por que quiere y no tiene más luces. El diagnóstico reiterado de la realidad, del problema, de la crisis, no va a modificarla lo que si puede modificar la realidad es la acción constante de los ciudadanos que si bien, dentro de esta ficción que es la democracia española, no ven resultados a corto plazo si van creando conciencia de que el Estado está para facilitar la vida a los ciudadanos (no para repartir dolor) haciendo que los recursos, costes-impuestos y beneficios-servicios, del país se distribuyan de forma equitativa y proporcionada y se inviertan de forma racional y equilibrada en dar servicios a los ciudadanos esto es educación y sanidad pública y gratuita a todos los niveles, un sistema de pensiones público que permita que los trabajadores puedan disfrutar de una jubilación digna, transportes públicos accesibles al conjunto de la población, mecanismos de ayuda y atención a las personas que por circunstancias físicas y/o sociales lo necesiten, etc., en definitiva en construir lo que se entiende como “Estado de bienestar”. En este país, en las últimas décadas, nos habíamos acercado bastante a ese “Estado de bienestar”, pero llegó la “crisis” y mandó parar, nunca mejor dicho, ya que en el paro, en el desempleo, tenemos a seis millones de personas con las consecuencias que todos conocemos, desahucios, miseria, marginación social, etc., esto por si mismo constituye un crimen, se han “asesinado” las esperanzas e ilusiones de una parte considerable de la población y se ha conducido a otra parte a una situación de zozobra, de miedo al futuro o mejor dicho de pavor ante el no futuro. Pero en este como en todos los crímenes siempre hay que preguntar, para encontrar al culpable o culpables, ¿a quién beneficia? Según los datos de organismos nada sospechosos de tendencias izquierdistas, FMI, BM, etc., los ricos de antes de la “crisis” son más ricos y los pobres y las clases medias son cada vez más pobres. Las grandes fortunas no han dejado de crecer y las  diferencias entre la clase alta y el resto de la población se han acentuado. Los gobiernos europeos, dominados por políticos de ideología conservadora y neoliberal, con  Alemania a la cabeza,  han decidido que la crisis es consecuencia del afán consumidor de la población que pretende disponer de educación, sanidad, medios de transporte, ayudas, servicios sociales, pensiones, etc., con cargo al Estado, públicas, lo que choca frontalmente con su idea de que el Estado es un mero espectador en el devenir económico. La economía es un asunto, para los conservadores,  en el que el Estado no debe intervenir. Es el ciudadano ofertando su fuerza de trabajo, ante la demanda del empresario y en las condiciones que este fije, quien tiene que procurarse el acceso a todos aquellos servicios, sanidad, educación, pensión, etc., que precise y en último extremo sería el Estado-beneficencia, o instituciones subvencionadas por este, quien  podría hacerse cargo de la atención a la parte de la población que no estuviese en condiciones de valerse por si misma, - el siglo XIX- . Con este panorama en Europa y en España los recortes al incipiente “Estado de bienestar” no acaban sino de empezar.

En el hasta ahora servicio público de enseñanza los recortes han sido muchos:

-          Supresión de las ayudas para libros y material escolar.

-          Disminución de las becas de Comedor Escolar.

-          Disminución o supresión del Profesorado de Apoyo.

-          Disminución o supresión de rutas de Transporte Escolar.

-          Aumento de las horas lectivas del profesorado.

-          Aumento de las horas de permanencia en el Centro.

-          Aumento de la ratio o sea del número de alumnos-as por aula.

-          Disminución acumulada del 10% o el 15% del sueldo.

-          Supresión de la paga extra de Navidad o lo que es lo mismo supresión de un mes de sueldo.

-          Congelación o disminución del presupuesto del Centro.

-          Cobro, por parte de la Administración, del IRPF correspondiente a la extra de Navidad no abonada y su devolución en cómodos plazos.

-         …

Y afectan, no solamente al profesorado sino a alumnos-as y padres y madres y en conjunto a la gratuidad y calidad del servicio, y son de tal calibre que nos retrotraen a los años setenta del pasado siglo

Lamentablemente la respuesta del colectivo de funcionarios de la enseñanza pública ha brillado por su ausencia y ya no estamos hablando de ponerse en huelga, cosa que pone los pelos de punta a más de uno y una, pero si de medidas de presión-protesta, dirigidas a la opinión pública y al mismo colectivo de funcionarios de cara a prestigiar y poner en valor su trabajo y la importancia de que este no se vea maltratado y/o ninguneado por el gobierno de turno, Central o Autonómico y siendo conscientes de que la Administración central, por obra y gracia de su mayoría absoluta, es inmune a las mismas.

La pregunta es qué medidas, si descartamos la huelga  por el  coste económico de la misma, hay que decir - para escarnio de los trabajadores de la enseñanza - que otros colectivos con igual o menor poder adquisitivo si que asumen ese coste económico, pero en fin, a lo que íbamos, que otras medidas son posibles, enumerémoslas:

-         Dimisión de los Equipos Directivos.

-         Dimisión de los Jefes de Departamento.

-         Escrito firmado por todo el profesorado del Centro manifestando su no disposición a ocupar cargos.

-         Dimisión de los miembros de la CCP.

-         Dimisión de los miembros del Claustro de Profesores-as como integrantes del mismo.

-         No aprobación por los Departamentos de la Programación de la Asignatura / materia del curso correspondiente.

-         No aprobación por los Claustros y Consejos Escolares de los documentos: PGA, Memorias, etc.

-         No programación de Actividades complementarias o extraescolares.

-         No realización de cursos y actividades de formación del profesorado.

-         Voto negativo del Claustro en todo aquello en el que se requiera y que sea de su competencia.

-         Voto negativo del Consejo Escolar, Comisión de Coordinación Pedagógica, Comisión Económica y resto de Comisiones  en todo aquello en el que se requiera y que sea de su competencia.

-         Voto negativo de los Departamentos en todo aquello en el que se requiera y que sea de su competencia.

-         Mantenimiento, durante todo el curso, de una actitud de no colaboración, dentro de la ley, con la Administración educativa.

-         Manifestaciones escritas de la Comisión de Directores-as y Jefes-as de Estudio, en cada una de sus reuniones, dirigidas a la Administración y a la opinión pública rechazando los recortes.

-         Elección en cada Centro de una Comisión de Profesores-as encargada de coordinar acciones de protesta.

-         Celebración al aire libre en plazas o parques de la ciudad.- coordinados  por la Comisión de Directores-as- de Claustros, Comisiones de Coordinación Pedagógica y Consejos Escolares.

-         Celebración al aire libre en plazas y parques de la ciudad- coordinados por la Comisión del Centro- de reuniones de Departamentos.

-         Información periódica, coordinado por la Comisión de Profesores-as, a los padres y madres  de las actuaciones que se realicen desde el conjunto de los Centros de la Comunidad Autónoma.

-         …

Actuaciones de este tipo servirían, sobre todo, para mantener al colectivo unido en el rechazo a los recortes y a la opinión pública consciente de que una parte importante de lo que entendemos por el Estado del bienestar, la educación pública, está sufriendo una profunda agresión que afecta a todos y no únicamente al profesorado.

No estoy hablando de incumplir la ley dejando de realizar aquellas tareas que por norma estamos obligados a realizar Programaciones, Memorias, etc. Estoy hablando de que una vez estén estas tareas realizadas, en aquellas en las que sea necesaria la aprobación mediante votación, el profesorado vote en sentido negativo para expresar su desacuerdo y disgusto con los recortes lo que obligaría a la Administración a aprobar de oficio todos esos documentos. La dimisión de Equipos Directivos, Jefes de Departamentos, etc.…, también obligaría a la Administración al nombramiento de oficio de nuevos cargos o a la no aceptación de las dimisiones. El escrito del profesorado expresando su no disposición a ocupar cargos podría dar lugar al correspondiente recurso en caso de nombramientos de oficio.

La celebración periódica de Claustros, reuniones de Departamentos, etc.…, al aire libre ayudaría a visualizar ante la opinión pública que esa visión del profesorado, y de los funcionarios en general que ha propagado la Administración, no pretende sino burlar y engañar a la ciudadanía, para justificar la privatización de servicios públicos esenciales y convertir lo que hasta ahora ha sido público y gratuito en privado y de pago.

Es meridianamente evidente que el profesorado no se está jugando hoy el presente, porque este no puede ser más negro, sino que se está jugando el futuro a medio y largo plazo. La no protesta, el abatimiento, el “nada sirve” llevará al conjunto de los trabajadores de la enseñanza, y funcionarios en general,  a una desprotección total y definitiva ante los planes privatizadores  de los servicios públicos del gobierno y no solamente como trabajadores, con el deterioro de sus condiciones de trabajo, sino como usuarios de esos servicios públicos a los que si en un momento no acudieron, porque su poder adquisitivo a si se lo permitía, hoy, con el deterioro de la situación económica y la perdida de poder adquisitivo, están cada vez más obligados a hacer uso de ellos.

En definitiva los trabajadores públicos, los trabajadores de la enseñanza en particular, deben replantearse su status como trabajadores por cuenta ajena, la administración, esto es su pertenencia al colectivo de trabajadores y trabajadoras asalariados y adquirir conciencia de su posición en la sociedad como parte de la clase trabajadora así como de su papel como unos de los garantes de que la enseñanza y el resto de los servicios públicos continúen siendo públicos, gratuitos y  de calidad.

Las Palmas de Gran Canaria a 9 de enero de 2013.